En el mundo conectado en el que vivimos, tener acceso a Internet ha pasado de ser un lujo a convertirse en un derecho fundamental. La red no solo ha revolucionado la manera en que nos comunicamos, trabajamos y aprendemos, sino que también ha redefinido nuestras libertades y las oportunidades que tenemos al alcance. Sin embargo, millones de personas todavía enfrentan obstáculos para acceder a este recurso esencial, lo que nos lleva a una pregunta clave: ¿cómo logramos que Internet sea realmente un derecho universal?
Desde 2016, Naciones Unidas reconoce el acceso a Internet como un derecho humano, subrayando su importancia para el desarrollo personal, social y económico. En un mundo donde la información es poder, la falta de conectividad profundiza las desigualdades, limita el crecimiento y excluye a muchas personas de participar plenamente en la sociedad digital.
Hacer de Internet un derecho universal implica enfrentar varios retos. El primero es la infraestructura. Muchas comunidades rurales y marginadas aún no cuentan con redes básicas que les permitan conectarse. Aquí, la colaboración entre gobiernos, empresas y organizaciones es crucial para expandir la infraestructura tecnológica, aprovechando soluciones innovadoras como satélites de baja órbita o redes de fibra óptica de bajo costo.
El costo también sigue siendo un problema importante. Aunque haya conectividad en ciertas zonas, los precios elevados de dispositivos y servicios hacen que muchas personas no puedan acceder a la red. Es vital diseñar políticas públicas que fomenten la asequibilidad, como subsidios o planes con tarifas sociales, para cerrar esta brecha.
Otro punto clave es la alfabetización digital. No basta con garantizar el acceso; también es necesario que las personas tengan las habilidades para aprovecharlo. La educación debe incluir formación en competencias digitales, para que más personas puedan utilizar Internet para buscar empleo, crear contenido o participar en procesos democráticos.
Además, proteger la neutralidad de la red es fundamental. Esto asegura que todas las personas tengan el mismo acceso a contenidos y servicios, sin que los proveedores favorezcan ciertas plataformas o cobren tarifas diferenciadas.
Los beneficios de garantizar Internet como un derecho universal son enormes. La conectividad impulsa el desarrollo económico al facilitar el comercio electrónico, fomentar la innovación y generar empleo. En educación, abre la puerta a recursos que permiten a millones aprender nuevas habilidades y acceder a contenidos globales. También empodera a las comunidades, que pueden organizarse, alzar la voz por sus derechos y ser parte activa de las decisiones que las afectan.
A pesar de los desafíos, ya existen iniciativas esperanzadoras. Desde proyectos de puntos de acceso gratuitos y redes comunitarias hasta programas de capacitación digital, muchas organizaciones, empresas tecnológicas y organismos internacionales están trabajando para cerrar esta brecha. Pero lograr un cambio significativo requiere una colaboración más fuerte entre los sectores público y privado, con políticas inclusivas y sostenibles.
Internet no es un privilegio, es una herramienta indispensable para construir equidad, inclusión y progreso. Reconocerlo como un derecho para todos no solo es un acto de justicia, sino también una apuesta por un futuro más conectado y próspero para toda la humanidad.
Y tú, ¿qué pasos consideras que debemos dar para que Internet sea un derecho universal? Comparte tu opinión en mi página de Facebook David Villanueva Lomelí, usando los hashtags #InclusiónDigital y #ConexiónParaTodos.
Como dijo Nelson Mandela: “Superar la pobreza no es un gesto de caridad, es un acto de justicia.”